Presentación del Atlas Concursal 2019, elaborado por el Refor-CGE, a los 15 años de entrada en vigor de la Ley Concursal
El Consejo General de Economistas estima necesario cambios en la Ley Concursal, más allá de un texto refundido, para adecuarla a la nueva Directiva de Insolvencia
En el marco del XIII Encuentro en Galicia de Profesionales del Derecho Concursal y Societario, organizado por el Consello Galego de Colexios de Economistas, que se ha celebrado los días 10 y 11 de octubre en Santiago de Compostela -y en el que se han dado cita más de 200 administradores concursales- se ha presentado el Atlas Concursal 2019, elaborado por el Registro de Economistas Forenses (REFOR). En la presentación, en la que han participado el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich; el presidente del REFOR, Alfred Albiol; el presidente del Consello Galego de Colexios de Economistas, Miguel Ángel Vázquez Taín, y el codirector del Encuentro, Ramón Juega, se han expuesto los últimos datos sobre las principales variables relacionadas con la insolvencia en nuestro país (concursos de acreedores, mediaciones, refinanciaciones, segunda oportunidad, pagos del Fogasa...), analizando su evolución temporal y estableciendo comparaciones entre comunidades autónomas, así como entre los diferentes países de la Unión Europea. A la vista de los datos, se han definido posibles ineficiencias y asimetrías de nuestros mecanismos de resolución de insolvencias y se han establecido propuestas de mejora de los mismos.
Cabe destacar que en esta edición del Atlas Concursal se han incluido también estadísticas de operaciones electrónicas a través del sistema LexNET del Ministerio de Justicia por ser un canal en continuo crecimiento -más de 74 millones de notificaciones electrónicas en 2018-. En este sentido, desde el Consejo General de Economistas han manifestado su satisfacción por la incorporación, a partir de noviembre 2019, de los administradores concursales de las profesiones económicas (economistas, titulares mercantiles y auditores) a este sistema, lo que sin duda contribuirá a una mayor agilidad para los procedimientos concursales gestionados por estos profesionales.
En relación a los datos recogidos en esta edición del Atlas Concursal, hay que resaltar que durante 2018 se ha producido un estancamiento concursal: tanto de los concursos de empresas como de los de personas físicas, con cifras similares al año 2017. En concreto, en 2018 se produjo en España una reducción del 3,1% respecto de 2017 en cuanto al número de concursos de acreedores de empresas -de 4.261 en 2017 a 4.131 en 2018-. A este respecto, desde el REFOR estiman que esta tendencia se mantendrá para 2019 en base a los últimos datos del INE sobre procedimientos concursales. Referido a la ratio concursal que compara el número de empresas con el número de concursos de empresas, del total de empresas que hay en España, en 2018 el 0,12% acudieron al concurso (una de cada 800 empresas). El País Vasco y la Comunidad Valenciana, con un 0,17%, son las CCAA en las que hubo un mayor número de concursos en relación a su número de empresas. Le siguen en esta comparativa Cataluña, con un 0,16%; Asturias y Murcia, con un 0,15%, y Madrid, con un 0,14%. Galicia, con un 0,09%, se sitúa en niveles bajos respecto del promedio del total nacional. Las comunidades autónomas con menor porcentaje de concursos en relación con su número de empresas son: Extremadura con un 0,07% y Canarias con un 0,06%.
En cuanto a los concursos de acreedores de personas físicas, estos han experimentado un incremento del 0,8% en 2018 respecto de 2017. Una leve subida si se compara con el aumento del 56% producido en 2017 respecto de 2016. Para los economistas del REFOR, este estancamiento puede deberse a que el crédito público -deudas con Hacienda y Seguridad Social- no está incluido en los procedimientos de segunda oportunidad, por lo que no todas las personas insolventes pueden acogerse a los mismos, lo que ha venido desincentivando la utilización de este procedimiento. A este respecto, según el REFOR, habrá que estar pendientes de la incidencia de la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 julio 2019 -que permite una mayor extensión de la segunda oportunidad al crédito público- de cara a los datos de 2019 sobre personas físicas que se acogen a este mecanismo.
En relación al número de pagos del Fogasa, en 2018 este continúa siendo superior al número de concursos, lo que indica que muchas empresas insolventes siguen sin acudir al concurso de acreedores y estos ceses de actividad no están reflejados en las cifras oficiales.
Procedimientos preconcursales
Por lo que se refiere a los acuerdos de refinanciación homologados judicialmente, su número es todavía reducido siendo un procedimiento poco utilizado. Comparando el intervalo enero-agosto de 2018 y de 2019, estos han pasado de 50 a 43, lo que supone un descenso del 13% en 2019.
Con respecto a las solicitudes de refinanciación no homologadas judicialmente (artículo 5 bis de la Ley Concursal), estas han sido 3.587 en 2018, que frente a las 3.308 de 2017 suponen un incremento del 8,4%. Referido a este procedimiento, en 2018, Cataluña, con 861, encabeza el número de refinanciaciones no homologadas, seguida de Madrid, con 646, con crecimientos respecto de 2017 del 26% y del 9%, respectivamente. A estas les siguen, la Comunidad Valenciana, con 515, y Andalucía, con 385.
Según han afirmado desde el REFOR, el estigma que supone para una empresa la publicación de los acuerdos de refinanciación homologados judicialmente frente a la no publicación de los acuerdos de refinanciación no homologados hace que el número de estos últimos sea considerablemente mayor al de los primeros. En 2018 3.587 fueron acuerdos de refinanciación no homologados frente a los 116 homologados, pese a la mayor seguridad jurídica que ofrecen estos últimos.
Tras la exposición de los datos, los representantes del REFOR han insistido en la necesidad de que se trasponga cuanto antes la Directiva europea de Insolvencia, tras su publicación en junio de 2019, lo que, a su juicio, ayudaría a dinamizar las soluciones concursales de reestructuración y segunda oportunidad, aún de escasa utilización en nuestro país.
