Nueva medida criticada por los economistas: el control de los precios de los alquileres por la Ley de Vivienda

El pasado 23 de noviembre, se celebró otra sesión de Líderes en Directo organizada por el Consejo General de Economistas, para contribuir a la reflexión y debate sobre la ley catalana de contención de rentas en los contratos de arrendamiento y el anuncio del Gobierno de una nueva Ley de Vivienda que contempla el control de precios en los alquileres.

Para abordar esta cuestión, se contó con la presencia de Joan Ràfols: economista, experto en vivienda y urbanismo, antiguo director general de Vivienda de la Generalitat de Catalunya y José García Montalvo: economista, investigador y consultor internacional, catedrático de Economía Aplicada y premio Rey Jaime I de Economía.

José García Montalvo hizo una visión rápida sobre cuáles son los efectos de los controles de alquileres, ya que son de nuevo una medida que muchas ciudades y estados se plantean ante los problemas de accesibilidad a la vivienda.

El ponente argumentó que el control de precios es una medida que solo puede justificarse cuando se dan las siguientes condiciones: por un lado, cuando existe un monopolio u oligopolio con pocos oferentes que controlan los precios muy por encima de los costes marginales. Por otro, cuando se dan problemas de información asimétrica, gracias a la que el vendedor tiene mucha más información que el comprador, lo que puede acabar destruyendo el mercado.

Según Montalvo, en Cataluña no se cumple ninguna de las dos para establecer un control de precios en los alquileres. En referencia a la primera condición, porque el 96% de los propietarios privados en Barcelona tienen menos de 5 viviendas, lo que no justifica hablar de monopolio, y en referencia a la segunda condición, porque no es posible que haya una información asimétrica cuando todos los ciudadanos pueden acceder a gran cantidad de páginas webs dónde poder observar y comparar precios de alquileres para hacer su libre elección.

Además, negó la afirmación de que existiese una gran vulnerabilidad de los inquilinos ante los arrendatarios, ya que la Comisión Europea establece en su índice compuesto de relación inquilino-propietario a España como uno de los países mejor posicionado.

Montalvo concluyó diciendo que "el problema de accesibilidad a la vivienda no se puede resolver de un día para otro; es necesario mantener una política de vivienda orientada adecuadamente, coherente en el tiempo y con suficiente financiación".

Por su parte, Joan Ràfols, afirmó que desde 1950, hay una gran cantidad de publicaciones en literatura económica que han lanzado siempre el mismo mensaje: en cada país examinado que se ha instaurado un control de alquileres, su continuidad a medio y largo plazo han causado efectos negativos,  ya que restringe la oferta perpetuando un déficit en los alquileres, incentiva la inmovilidad de las familias y los mercados de vivienda y trabajo, dificulta las obras de mantenimiento y mejoras en el parque de vivienda y no distribuye los beneficios en función de los ingresos de las familias.

Ràfols, señaló que la dotación de los presupuestos destinados a Planes de Vivienda por parte del Gobierno ha sido insuficientes, y es necesario que las Administraciones tengan un papel mucho más activo, asignando fondos a la promoción de vivienda asequible, al incremento del parque público de vivienda y a subvenciones personalizadas para las familias que en la actual situación económica están en riesgo de perder su alojamiento de acuerdo con el mandato constitucional.

Como conclusión, el CGE aprovechó para trasladar a los poderes políticos y a la opinión pública un mensaje institucional, en el que se ha expresado la necesidad de abordar un debate serio y sosegado antes de tomar decisiones precipitadas sobre una cuestión nuclear del Estado de Bienestar como es la política de vivienda.