Insolvencia y Sociedades protagonizan el Tercer Congreso Profesional del Mediterráneo
El COEV participó en la
organización de un foro de referencia del derecho concursal en España
Los días 14 y 15 de febrero, se celebró en el Auditorio Victor Villegas de Murcia la tercera edición el Congreso Profesional del Mediterráneo con el título "Insolvencia y Sociedades", foro intercolegial en el que se reunieron más de 200 especialistas entre magistrados del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, inspectores de la AEAT, jueces de lo Mercantil, economistas y abogados de toda España que operan con las cuestiones más relevantes sobre insolvencia y sociedades.
Organizado por los Colegios de Economistas de Alicante, Castellón, Murcia y Valencia, así como por los Colegios de Abogados de Alicante y Murcia, el Congreso Profesional del Mediterráneo nació como el principal foro intercolegial de encuentro para profesionales del derecho y las ciencias económicas y se erigido ya en cita anual obligada de los técnicos en la materia. El encuentro fue inaugurado por el alcalde de Murcia, José Ballesta, y el consejero de Empresas de la Región de Murcia, Javier Celdrán.
Esta tercera edición destacó por un programa más amplio en el que se dieron cita abogados y economistas de Valencia, Castellón, Alicante y Murcia, así como varios magistrados de reconocido prestigio, incluidos Ignacio Sancho Gargallo, magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo, y Eloy Velasco, magistrado de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional. El programa se organizó a través de una serie de conferencias y mesas taller dedicadas a materias de actualidad como los concursos de acreedores, tanto de sociedades como de personas físicas, las prácticas anticompetencia de algunos fabricantes, o la posición del socio en las sociedades mercantiles, entre otras.
Entre las cuestiones más comentadas en las sesiones, se encuentra la necesidad de realizar cambios en una normativa un tanto rígida acerca de los procesos concursales que conduce, por ejemplo, al hecho de que en 2018 se hayan abierto en España poco más de 4.000 procedimientos concursales (frente, por ejemplo, a lo más de s 54.000 de Francia, los casi 20.000 de Alemania o los 12.000 de Italia). También se ha tenido en cuenta los concursos referidos a la economía familiar, que de estar bien diseñados y planteados podrían evitar situaciones de desahucio.
La primera conferencia, titulada "Problemas y controversias de la posición de socios minoritarios en la Ley de Sociedades de Capital (LSC)" estuvo dedicada a analizar todas las cuestiones relativas a la posición de los socios minoritarios tras la última reforma legislativa de diciembre de 2018. Intervinieron Rafael Fuentes Devesa, magistrado juez Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Murcia, Luis Seller Roca de Togores, magistrado juez Sección 9ª de la Audiencia Provincial de Valencia y Francisco Soriano Guzmán, magistrado de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante.
Posteriormente fue el turno de la conferencia dedicada a "Las aportaciones de socios; aspectos mercantiles y concursales" con el magistrado de lo Mercantil de Oviedo, Alfonso Muñoz Paredes. El ponente trató los préstamos participativos, las aportaciones extraordinarias de socios y todo lo que rodea la famosa "cuenta 118" y sus implicaciones en el devenir social y las cuestiones de calificación concursal.
El blanqueo de capitales fue el protagonista de la intervención de uno de los grandes especialistas en esta materia, el inspector de Hacienda y jefe de equipo regional de Inspección de la AEAT en Valencia, José María Peláez, quien desglosó los nuevos deberes y obligaciones de los profesionales para su prevención y en qué media les afecta las recientes reformas legales.
De forma paralela, tuvo lugar una mesa redonda con la presencia de los magistrados de lo Mercantil de Alicante, Castellón y Murcia, Salvador Calero García, Antonio Pedreira González y Francisco Cano, respectivamente, referida a las modificaciones estructurales en el concurso de acreedores generados como consecuencia de la sucesiva ampliación en sede concursal del "Grupo de Empresas" y los criterios de acumulación, las diferencias y contradicciones con la sucesión de empresas desde la óptica laboral.
La última conferencia del día 14 estuvo a cargo del magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo, Ignacio Sancho Gargallo, uno de los mayores exponentes de la evolución jurisprudencial en estos tiempos en materia concursal y societaria.
La segunda jornada, sólo de mañana, se abrió con una mesa redonda referida a una cuestión de plena actualidad: los cambios y ajustes jurisprudenciales en el ámbito de la contratación bancaria y las cláusulas hipotecarias. Intervinieron José Luis Fortea Gorbe, magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil nº3 de Alicante y Leandro Blanco García-Lomas, magistrado-juez del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Alicante.
Le siguió una mesa redonda referida a la retribución de los administradores concursales y los conflictos y soluciones que se pueden generar en este ámbito, con la presencia de tres magistrados de lo Mercantil de Valencia, Montserrat Molina, Tarragona, César Suárez Vázquez, y Murcia, María Dolores de las Heras.
Un aspecto sobre el que existe cierto desconocimiento en el derecho concursal como es el referido a las personas físicas y la Ley de Segunda Oportunidad protagonizó la tercera mesa redonda del día, con Carlos Puigcerver Asor, miembro del Consejo General del Poder Judicial y profesor de la Universitat Oberta de Catalunya, y Victor M. Fernández González, magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Palma de Mallorca.
El Derecho europeo de la competencia y la decisión de sancionar a diversas empresas de camiones por prácticas restrictivas de la competencia fueron los protagonistas de la siguiente mesa, en la que participaron Enrique García-Chamón Cervera, magistrado de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante y Andrés Sánchez Magro, magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid.
Las jornadas se cerraron con la intervención de Eloy Velasco Núñez y el inspector de Hacienda del Estado, Antonio Montero Domínguez, analizando la responsabilidad penal y tributaria de los administradores.